martes, 4 de septiembre de 2007

¿Que está pasando con la educación superior en nuestro país?

Que a partir de la firma de la Constitución del 91 y la aprobación de la ley 30 de 1992 la educación paso de ser un derecho de responsabilidad estatal a ser una SERVICIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDAD ya no solo estatal sino además de la sociedad y la familia.

Esa ley 30 junto con la ley 550 de 1999, llamada LEY DE QUIEBRAS ha sido utilizada para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos, a partir de ésta se creó la Ley 922 de 2004 con la que se incluyen a las Universidades como sujeto de aplicación de esa ley.

Estas leyes fueron reforzadas por la inclusión del artículo 38 en el Plan de Desarrollo de Uribe. Con este artículo, el más lesivo, de varios incluidos en el PND en contra de la universidad pública, el gobierno pretende desconocer su obligación de responder por los pasivos pensionales y endosárselos a las Universidades Públicas, ya que obliga a la Universidad a entrar en un acuerdo de concurrencia en el que “acordará” con el Estado qué porcentaje pagará del pasivo pensional.

Hace casi dos años la Universidad del Atlántico fue obligada por el estado a contribuir con un alto porcentaje del pago del pasivo pensional, año y medio después la universidad entró en crisis financiera y la comunidad universitaria se opuso. Ante la resistencia de estudiantes, profesores y trabajadores, el gobierno aplicó la ley de quiebras a la universidad y la cerraron para reestructurarla a su antojo, impidiendo la oposición de la comunidad universitaria. En el cuadro que aparece en la siguiente pagina podemos ver las consecuencias de tal reestructuración:

* Aumento de matriculas del 330%
* Despido de 140 trabajadores y empleados,
* Disminución del 10% del profesorado de planta y 75% de docentes por contrato
* Aumento de la asignación docente de 16 horas- clase -semana a 20 y 25,
* Eliminación de los programas que no sean autosostenibles,
* Disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso,
* Venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad,
* Desmonte de la unidad de salud y
* El cobro por la utilización de laboratorios

Aunque en la UT se firmo un acta de compromiso, no debemos confiarnos de ello, es necesario prepararnos. La pelea contra el PND debe continuar, sin olvidar que debemos estar en sintonia con las dinamicas nacionales. Para ir acumulando fuerza, debemos analizar la situación de la propia Universidad. Algunos puntos son: Profesores de planta, bienestar universitario, calidad académica, prácticas, dotación de laboratorios, No. de estudiantes por salon, detrimento patrimonial, granja de Armero, edificio sede centro, DDHH, formulario de inscripción, financiación de matriculas, evaluación docente, etc. a partir de un diagnostico acertado de nuestra situación, podemos adentrarnos en la elaboración de un pliego reivindicativo por facultades y general.

Art. 38. Saneamiento del Pasivo Pensional de las Universidades Estatales del Orden Nacional. La Nación y las universidades estatales del orden nacional concurrirán al saneamiento del pasivo pensional de dichas entidades en los términos establecidos en el artículo 131 de la ley 100 de 1993. Las sumas que se hayan transferido por parte de la Nación con las cuales haya sido atendido pasivo pensional de dichas universidades a partir de la fecha de corte prevista en el artículo 131 de la ley 100 de 1993, se tendrán en cuenta como pago parcial de la concurrencia a cargo de la Nación de acuerdo a la reglamentación que para el efecto se establezca.

1 comentario:

CARLOS ARTURO GAMBOA dijo...

Tienen razón cuando invitan a la preocupación ya que el "pacto" firmado no tiene validez jurídica, sólo es un símbolo de compromiso entre dos entes interesados en aparecer como salva-guardores de la UT, sin embargo frente a la legislación ese documento es puro papel sin fondo...miremos el ejemplo del ISS, ahí tenemos argumentos para mayores preocupaciones...

Habitantes de la calle.