Soacha se desangra por los violentos y llora por los desaparecidos.

La guerra que pasó de agache

Por: María del Rosario Arrázola

tomado del Espectador

El temor impera en la comunidad mientras la Fiscalía busca responsables en un proceso que apenas empieza.

Diecinueve madres lloran las violentas muertes de sus hijos en Ocaña.

Conocedor como nadie de la bomba de tiempo de los violentos en Soacha, el personero de ese municipio, Fernando Escobar, pidió una cita con urgencia en la Casa de Nariño con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. El encuentro se llevó a cabo a finales de junio pasado, y a éste, Escobar llevó denuncias documentadas de una realidad que durante años ha sido mirada de soslayo por algunas autoridades, pero que en las últimas semanas ha concitado un escándalo de marca mayor que parece subir de tono con el paso de los días y que involucraría a miembros del Ejército en hechos aún no aclarados que tienen al país exigiendo responsabilidades.

El personero Escobar fue atendido en la oficina del asesor presidencial y a la reunión asistió un analista de seguridad que escuchó con atención la detallada problemática que le relató el funcionario y que, en esencia, se relaciona con el aparente reclutamiento de jóvenes, todos con características similares, de escasos recursos, algunos con antecedentes judiciales o adicciones, de estratos bajos y con un escaso nivel de escolaridad, que inexplicablemente, habiendo sido reportados por sus familiares como desaparecidos, terminaron inhumados en un cementerio de Ocaña, Norte de Santander, siendo señalados como miembros de grupos armados al margen de la ley que fueron dados de baja en combate.

Un caso que fue denunciado inicialmente por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos —quien dijo con vehemencia que había uniformados que cambiaban condecoraciones por cuerpos—, y que tiene a fiscales de la Unidad de Derechos Humanos examinando con lupa las órdenes de operaciones de la Brigada 30, al mando del general Paulino Coronado. En principio se habló de once personas, después la cifra subió a 19 y hoy ya nadie se atreve a aventurar un número cierto. Las Fuerzas Militares han negado a pie juntillas que se trate de ejecuciones extrajudiciales, pero los indicios apuntan a la otra orilla.

La misma que tres meses antes de que estallara este negro pasaje fue advertida por el personero Escobar. En su encuentro con José Obdulio Gaviria le dijo que estaba muy preocupado con la situación en Soacha, porque se estaba presentando un fenómeno de desplazamiento urbano propiciado, especialmente, por grupos paramilitares y por las llamadas Águilas Negras. Según él, aún sigue latente la estela de horror que sembró la banda de Los gatilleros de Cazucá, dirigida por un temible personaje identificado en el bajo mundo como Tomasito, Fredy Tovar, capturado hace un año y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.

Fuentes consultadas por El Espectador aseguran que detrás de las desapariciones en Soacha está la mano negra de los herederos de Tomasito. De hecho, en las polvorientas calles de los barrios más deprimidos de Soacha se ven letreros que rezan: “Tomás preso, pero vive. Su gente hace justicia”. Testimonios en poder de las autoridades dan cuente de que subalternos de Tomasito fueron los encargados de convencer a los jóvenes que posteriormente aparecieron muertos en supuestos combates con el Ejército en Ocaña. Lo grave de estas primeras pesquisas es que existen declaraciones que dicen que los “reclutadores” iban acompañados de personas que, al parecer, “eran retirados de las Fuerzas Militares”.

Y es que las denuncias abundan en Soacha. Eso sí, la mayoría sin dolientes que afronten sus acusaciones. El pánico perturba a sus pobladores, pero la comunidad dice temerosa que se ven hombres desconocidos tomándoles fotos a menores de edad, que aparecieron volantes extraños ofreciendo salarios de $800.000 para trabajos no especificados a nombre de un señor que sólo se hace llamar Don Mariano, que están obligando a niños, algunos de 12 años, a empuñar armas como escoltas de los ‘paras’, que en menos de tres meses han visto correr la sangre de una veintena de jóvenes y que es una verdad de a puño que los violentos siguen imperando bajo la sombra.

Y lo que es peor, ya ni en el Ejército confían. Los números no les cuadran. Voceros consultados por El Espectador concluyen que el episodio de los jóvenes desaparecidos y posteriormente muertos en Ocaña tiene un halo de irregularidades que hacen sospechar de manos criminales que, según las primeras pesquisas de las autoridades, apuntan a endilgar un determinador insospechado: miembros activos o retirados de la Fuerza Pública. Se habla de falsos positivos, un asunto que genera urticaria en el seno del alto mando militar, pero que la Fiscalía empieza a revisar como una tesis bastante posible. De hecho, el ente acusador investiga 558 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los que han aparecido muertas 1.015 personas.

Una cifra que causa escozor y que ha vinculado en distintos expedientes judiciales a 760 miembros de las Fuerzas Armadas. Tan sólo el Ejército tiene 685 uniformados procesados. Curiosamente, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales han venido en alarmante aumento en los últimos seis años. En 2002 se presentaron siete casos. En 2007, 245. De hecho, 42 miembros del Ejército ya purgan condenas por su probada participación en asesinatos de civiles en estado de indefensión que fueron presentados como guerrilleros abatidos legítimamente. ¿Es este el escenario de Soacha?

El Espectador conoció un informe de riesgo fechado el primero de octubre de 2008, elaborado por la Defensoría del Pueblo, que pone el dedo en la llaga sobre la exposición de los menores de edad al reclutamiento por los ilegales en Soacha. Según el documento, el 33% de la población de este municipio es menor de 15 años y sin duda fértil para engrosar las filas de los ilegales. Además, se nota la presencia de un proyecto político paramilitar que convierte a Soacha en una tierra sin ley en la que se ordenan toques de queda sin que las autoridades se percaten.

“Pero lamentablemente las autoridades han hecho caso omiso a los informes de riesgo, dando como resultado el incremento de este fenómeno y la no denuncia por parte de la comunidad. La debilidad de la respuesta estatal y la renuencia a atender las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas se hacen evidentes con el hallazgo de los cuerpos sin vida de jóvenes desaparecidos que presuntamente habrían sido reclutados por grupos al margen de la ley y que desaparecieron entre enero y agosto de 2008 y que aparecieron reportados en Norte de Santander como muertos en combate por parte del Ejército Nacional”, sostiene el informe de la Defensoría del Pueblo, “lo que muestra la magnitud del problema”.

Por eso, más allá de las conjeturas, una vez terminó la reunión de junio pasado entre el personero de Soacha y el asesor José Obdulio Gaviria, el Gobierno empezó a hacer un barrido sobre la presunta participación de agentes del Estado en hechos non sanctos en Soacha.

El jueves pasado, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos elaboró un informe que parece confirmar una verdad que, en principio, ha sido desmentida con ahínco por las autoridades: la presunta participación de miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares en las escabrosas muertes no aclaradas de por lo menos 19 jóvenes humildes que fueron descubiertos, según conoció El Espectador, por la confesión de un uniformado que decidió contar lo sucedido y que corroboró la versión del personero Escobar.

Lo cual explica que cuando empezaron a aparecer los cadáveres de los jóvenes de Soacha, lo primero que hizo José Obdulio Gaviria fue llamar al personero Fernando Escobar para que asistiera a la “cumbre” que se realizó el pasado 29 de septiembre en el despacho del Ministro de Defensa, a la que también fueron el fiscal Mario Iguarán, el vicepresidente Francisco Santos, el general Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares; el general Mario Montoya, comandante del Ejército; Carlos Franco, director del programa presidencial de Derechos Humanos; el director de la Policía, general Óscar Naranjo; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez; el viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau y otros oficiales.

El Espectador conoció que en ese encuentro, que derivó en la grave denuncia del Ministro sobre los presuntos falsos positivos, uno de los primeros en tomar la palabra fue el general Mario Montoya, quien advirtió que en cuatro batallones, uno de ellos de contraguerrilla, se han presentado cinco casos que involucran desapariciones. Carlos Franco dijo, por ejemplo, que los jóvenes muertos en Ocaña salieron de sus casas atraídos por la plata. Una versión que parece tomar fuerza luego de que testigos contaran que fueron atraídos para “ir a conocer la Costa para ganarse una plata extra”.

La tesis en la que los investigadores encuentran más asidero es la que tiene que ver con una labor de “limpieza” en Soacha. El ministro Santos se rehúsa a darle crédito a esta versión, sin embargo, fue él quien prendió las alarmas y, como dijo un penalista consultado, “explicación no pedida, acusación manifiesta”. Aún así, será la Fiscalía la que determine si los violentos en Soacha eran los que reclutaban y ordenaban muertes en sus filas, o si eran las autoridades las que, buscando sumar en sus positivos, atribuían a inocentes acciones ilegales en busca de condecoraciones o ascensos.